Los derechos a la dignidad, a la salud mental, a la vida y a la libertad son los que en líneas generales posee todo paciente psiquiatrico.
Al mismo tiempo posee los siguientes derechos:
- A un tratamiento adecuado;
- A rehusar a un determinado tratamiento;
- A la información pertinente sobre las características y modalidades del tratamiento;
- A un adecuado registro del tratamiento y acceso a la historia clínica, salvo en el caso de que ello lo pudiera afectar;
- Al debido control de su tratamiento;
- A la interconsulta;
- A no ser internado involuntariamente o en forma abusiva;
- Al tratamiento menos agresivo;
- A la protección de la información confidencial, es decir, a preservar su intimidad;
- A la comunicación;
- A un costo razonable de su tratamiento;
- A que su tratamiento no sea interrumpido intempestivamente sin causa justa;
- A la indemnización psicofísica por la terapia;
- A que se eviten conductas hetero y autoagresivas dañosas y previsibles por parte del médico;
- A un debido proceso de internación, insania y rehabilitación.
Por supuesto, estos derechos no son absolutos y están sujetos a los límites que la misma enfermedad fije en cada caso.
La obligación principal del médico psiquiatra, igual que el resto de los profesionales del arte de curar, es la de brindar una atención eficaz, basada en dos deberes específicos: el diagnóstico y el tratamiento adecuados.
Pero además existe una serie de deberes accesorios que buscan resguardar los derechos personalísimos de los pacientes (dignidad, libertad, vida, salud) y sus extensiones, que pueden resumirse en los deberes de:
- Seguridad al evitar conductas autoagresivas y evitar las conductas heteroagresivas previsibles;
- Respetar la relación terapéutica;
- Informar;
- Resguardar la confidencialidad;
- Evitar las internaciones arbitrarias.
La realidad judicial en la practica nos demuestra que no son demasiados los reclamos por mala praxis siquiátrica (o psicológica), primordialmente porque la mayoría de las personas desconoce que efectivamente tiene derecho a reclamar. Consecuentemente, la jurisprudencia al respecto es exigua.
Otra de los puntos débiles en el tema, es probar que el profesional de la salud no actuó correctamente dada la complejidad de delimitar la supuesta negligencia profesional cometida, el posible daño causado, así como el nexo causal que determine la relación causa-efecto de una mala “praxis” .
Cierto es que el contrato entre el psiquiatra/psicólogo con su paciente generalmente es verbal. La responsabilidad de dicho profesional es como contractual y nace cuando éste produce un daño en la salud del paciente por incumplimiento del contrato verbal que asume con este paciente, o por infracción a los deberes generales de diligencia y prudencia de acuerdo a su saber y entender.
El tiempo para reclamar judicialmente la reparación de los daños es de10 años contados a partir de que se tiene conocimiento del perjuicio sufrido/causado.
Es cierto que si bien la responsabilidad del psiquiatra es contractual, la obligación del mismo es una obligación de medios y no de resultado ya que el mismo no podrá asegurar o garantizar la curación del paciente, por tanto esto no será exigible, y de no lograrlo no hablaremos de negligencia, ya que existen muchas enfermedades psíquicas incurables.
Pero sí deberá prestarle la correcta asistencia, lo que supone, darle un diagnostico correcto y su correcto tratamiento posterior, ya sea según el caso para curación del paciente, su mejoría o la estabilización del cuadro.
Cierto es que el paciente se halla en una situación de lasitud y subordinación frente al profesional ya que quizá el enfermo hasta le delegue sus decisiones vitales y subjetivas de modo irracional. Por ende el profesional se encuentra en una situación superior frente a esta vulnerabilidad del paciente debiendo actuar con mayor prudencia, dedicación y cuidado en relación a otro paciente que no padezca tal patología.
El contrato de asistencia psiquiátrica tendrá su base en el contrato médico genérico, pero con características que le son propias. Tiene como objeto central una prestación que intenta prevenir, mejorar o recuperar la salud mental.
Como los demás contratos médicos, es intuitu personae (basado en una calidad especial del contratante), pero esto adquiere importancia superlativa por el nivel de confianza y credibilidad que el paciente deposita en la habilidad e idoneidad del profesional al que contrata.
El consentimiento debe estar documentado en la historia clínica y debe ser otorgado sin coacción, libre y voluntariamente, el mismo es un documento de vital importancia para el paciente y para el psiquiatra.
El consentimiento informado es una obligación exigible al profesional de la Medicina y que forma parte integrante de la lex artis, cuyo incumplimiento determina por sí mismo la obligación reparadora (Sentencias del T.S. de 22-10-93, 17-1-94 y 24-4-94).
Por ende si el paciente se encuentra en un estado que no tiene capacidad para dar su consentimiento, entonces será su padre, o representante legal quien lo firme por el, y será nulo todo contrato firmado por quien no hubiera comprendido lo que firmó. Existen antecedentes jurisprudenciales en donde se condenó solidariamente al psiquiatra y a los padres de un enfermo por los daños causados por éste ultimo a terceros.
En el caso de que el paciente se halle en pleno uso de sus facultades mentales y se niegue a realizar los procedimientos indicados, el médico debe abstenerse de efectuarlos, ya que, conforme con la normativa internacional vigente, el paciente puede negarse por escrito a la atención, ejerciendo su "derecho a vivir su enfermedad" o su "derecho a la enfermedad". Sólo puede ser obligado en caso de actitud suicida (art. 19 de la ley 17.132, "tentativa de suicidio).
La responsabilidad profesional exigible a los profesionales de la Psiquiatría, se traduce en la obligación de reparar el daño y perjuicio que hayan podido originar a otras personas, derivado de su quehacer profesional, ya sea por acción u omisión, aunque siempre se ha de respetar la presunción de inocencia.
Esfera Penal: Según el art. 10 del actual Código Penal: “Son delitos o faltas las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la Ley”.
Podemos diferenciar como factor subjetivo determinante de la gravedad de la infracción, entre:
• ACCIONES U OMISIONES DOLOSAS, realizadas con intención de dañar.
• CULPOSAS O IMPRUDENTES. determinadas por la inexistencia de intencionalidad, obrando con imprudencia o negligencia, causando un daño que, de mediar malicia o dolo, constituiría delito.
En los supuestos de imprudencia profesional (regulada expresamente en nuestro vigente Código Penal (arts. 142/3/6, 152 y sgtes) la responsabilidad penal exigible será la que corresponda pero agravada por estar derivada de una calificación profesional, imponiéndose además de las penas oportunas, la de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión durante el período de tiempo que se establezca.
Igualmente, de toda responsabilidad penal se deriva una responsabilidad civil, según establece el artículo 116 del vigente Código Penal (con la consiguiente obligación de reparar e indemnizar los daños y perjuicios ocasionados).
Esfera Civil:
A tenor del artículo 1.902 del Código Civil: “El que por acción u omisión cause daño a otro interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado”.
Esta responsabilidad de carácter civil puede ser a su vez de dos tipos:
• Contractual, la que nace de una relación previa, en nuestro caso entre el médico y el paciente, a través de un contrato de prestación del servicio psiquiátrico establecido previamente, y que es incumplido con la actuación profesional al no ajustarse a lo pactado.
• Extracontractual, en la que no hay ningún contrato previo, pero se produce el quebrantamiento de los deberes propios del médico al no actuar conforme a la llamada Lex artis.
Los requisitos que deben concurrir para que pueda apreciarse dicha responsabilidad profesional según la jurisprudencia son los siguientes:
a) Una acción u omisión voluntaria o involuntaria no intencional, que hace que la actuación de profesional aparte de la Lex artis, derivándose hacia el paciente un determinado daño o perjuicio.
b) La realización de un daño o perjuicio, que puede ser físico, psíquico, moral o patrimonial.
c) Una relación de causalidad entre la actuación profesional negligente y el mal sobrevenido. Esta relación debe ser directa y probada por quien la alega.
